En Tamaulipas, la minuta llamada como “Plan B”, fue aprobada por mayoría de 24 votos y seis abstenciones, entre gritos y descalificaciones entre los diputados de PAN, Morena y Movimiento Ciudadano.La nueva enmienda que reduce el presupuesto del Congreso, el número de regidores de los ayuntamientos, y las remuneraciones de los Consejeros y Magistrados Electores, no dejó fuera el debate y los reclamaos principalmente del PAN.

María del Rosario González Flores del grupo parlamentario del PAN, denunció el riesgo autoritario que contiene el Plan B y advirtió de un retroceso para la democracia en México.

La legisladora afirmó que el proyecto no atiende el problema de fondo en los procesos electorales, particularmente el financiamiento ilícito en campañas, que continúa afectando la legalidad y la estabilidad democrática del país.

Señaló que la iniciativa tampoco corrige distorsiones como la sobrerrepresentación legislativa, que —dijo— permite mayorías que no reflejan con precisión la voluntad expresada en las urnas.

González Flores advirtió que debilitar instituciones electorales no fortalece la democracia, sino que pone en riesgo la confianza ciudadana al reducir capacidades operativas y limitar los contrapesos fundamentales del sistema político.

Desde la tribuna del Congreso, la diputada de Movimiento Ciudadano, Mayra Benavides, sostuvo que la propuesta en discusión es esencialmente administrativa, al centrarse en recortes presupuestales al Senado, congresos locales y al INE, sin atender problemas estructurales del sistema electoral.

Advirtió que reducir salarios y recursos institucionales no garantiza mejores elecciones, y recordó que medidas similares ya habían sido planteadas en administraciones anteriores sin resolver los desafíos democráticos de fondo.

Benavides enfatizó que Movimiento Ciudadano sí presentó una propuesta integral de reforma electoral, orientada a combatir la infiltración del crimen organizado y prevenir la violencia contra candidaturas en los procesos electorales.

Señaló que dicha propuesta también contempla un ahorro significativo mediante la reducción del financiamiento a partidos políticos y la eliminación de duplicidades administrativas en las instituciones públicas.

Criticó que el actual régimen no haya abierto un debate amplio sobre una reforma electoral de fondo, ni siquiera con fuerzas políticas aliadas, limitando la discusión a cambios administrativos.

En tanto, la diputada de Morena, Lucero Martínez López, 
rechazó los señalamientos que comparan la iniciativa con modelos autoritarios, al afirmar que en México existe una transformación política que ha marcado una nueva forma de gobernar.

La legisladora sostuvo que durante años se construyó la idea de que la autonomía electoral implicaba presupuestos elevados y estructuras alejadas de la realidad social, lo que hoy busca corregirse.

En ese sentido, defendió que la reforma no debilita la democracia, sino que la fortalece al reorientar el uso de recursos públicos hacia prioridades sociales, bajo el principio de austeridad republicana.  

Explicó que uno de los pilares de la propuesta es eliminar privilegios en los órganos electorales, estableciendo límites presupuestales y reduciendo gastos considerados excesivos dentro de la estructura institucional.

Martínez López insistió en que el objetivo central es construir una democracia más eficiente, con menos burocracia y mayor cercanía con la población, evitando que el sistema electoral funcione como un espacio de privilegios.

Cuestionó a quienes se oponen a la reforma, al señalar que su postura responde a la defensa de intereses y estructuras que, dijo, han mantenido desigualdades dentro del sistema político.

Sin embargo, para la diputada del PAN, Patricia Saldivar Cano, acusó que la propuesta implica una intromisión al federalismo, al imponer criterios desde el ámbito central, desconociendo la autonomía de estados y municipios en la toma de decisiones.

En ese sentido, criticó la modificación al artículo 115 constitucional, al señalar que pretende redefinir la integración de los cabildos sin consultar previamente a los ayuntamientos.

Explicó que limitar a un síndico y hasta 15 regidores no garantiza eficiencia, pues en la práctica podría incrementar el número de integrantes en más de mil municipios del país.

Alertó que esta medida podría generar estructuras administrativas más amplias y costosas, en lugar de promover gobiernos municipales más eficientes y funcionales.

Respecto a la reforma al artículo 116, cuestionó el tope presupuestal para congresos locales, al considerar que la austeridad no debe utilizarse como herramienta para debilitar la autonomía legislativa.

Subrayó que el problema central de la democracia no radica en el gasto institucional, sino en la falta de control sobre el financiamiento ilícito en campañas, un tema que la reforma no aborda.

En respuesta, la diputada de Morena Magaly Deandar Robinson, atajó que la postura del PAN, busca preservar privilegios y un sistema costoso alejado de la ciudadanía.

Durante su intervención, aseguró que los cuestionamientos a la reforma responden a intereses políticos disfrazados de defensa democrática, al considerar que el verdadero objetivo es mantener estructuras burocráticas con altos niveles de gasto.

La legisladora afirmó que el sistema electoral vigente ha operado con excesos y desconexión social, por lo que la propuesta busca ordenarlo bajo criterios de austeridad y eficiencia en el uso de recursos públicos.

En ese sentido, rechazó los señalamientos de autoritarismo, al señalar que la reforma no altera el voto ni pone en riesgo los procesos electorales, sino que elimina prácticas de despilfarro institucional.

Deandar Robinson sostuvo que la narrativa de riesgo democrático es utilizada como argumento para frenar cambios que afectan intereses de grupos que, dijo, se beneficiaban del modelo anterior.

La diputada insistió en que la legalidad de los procesos no está en juego, al subrayar que la reforma respeta el marco constitucional y mantiene intactos los mecanismos de participación ciudadana.

De acuerdo a la minuta aprobada en el Congreso del Estado, en el artículo 115 se precisa que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.

Mientras que en el artículo 116 señala que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente. Asimismo, garantizar los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género, en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales.

En tanto que en el artículo 134 subraya que las remuneraciones de las personas consejeras electorales, las magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de esta Constitución.

Al respecto, no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo