La Auditoría Superior del Estado (ASE) documentó un presunto desfalco de 10 mil millones de pesos en 40 de los 43 ayuntamientos, así como en diversos entes públicos estatales. Diputados de la Comisión de Vigilancia revelaron que la mayoría de los municipios no presentó documentación que acreditara el destino de los recursos, incurrió en omisiones fiscales y entregó información incompleta durante el proceso de revisión.

Además, señalaron que se detectaron irregularidades en el manejo de fondos, ya que alcaldes y tesoreros utilizaron recursos federales para fines distintos a los etiquetados por la Federación, lo que constituye una falta grave.

El diputado Elifa Gómez, presidente de la Comisión de Vigilancia, advirtió que una vez que el Pleno del Congreso apruebe las cuentas dictaminadas, la ASE iniciará investigaciones por faltas graves, las cuales podrían derivar en acciones judiciales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Explicó que se integrarán expedientes por presuntos quebrantos patrimoniales y se turnarán casos al Tribunal de Justicia Administrativa, además de dar seguimiento estricto al trabajo de los órganos internos de control de cada ente público.

La ASE presentó ante la Comisión los resultados de 300 Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Del total, el 60 por ciento fue dictaminado en sentido negativo, es decir, 180 cuentas rechazadas por inconsistencias y falta de comprobación.

El impacto económico más severo corresponde al ejercicio fiscal 2023, donde la mayoría de los ayuntamientos involucrados son gobernados por Morena.

De los 195 expedientes revisados únicamente de la cuenta pública 2023, casi 90 pertenecen a entes municipales, incluidos los 43 ayuntamientos y organismos paramunicipales como Comapas y DIF municipales.

“De los 43 municipios, alrededor de 40 vienen en sentido negativo. Más del 95% incumple”, precisó el auditor Francisco Noriega durante la reunión con legisladores el martes por la noche