El Congreso de Tamaulipas analiza endurecer el castigo contra quienes promuevan o permitan el consumo de tabaco, vapeadores o cigarros electrónicos entre menores, con penas que podrían alcanzar hasta diez años de prisión.

La iniciativa, presentada por diputados del grupo parlamentario de Morena, plantea modificar el artículo 192 del Código Penal del estado para incorporar estas prácticas dentro del delito de corrupción de menores.

Con esta reforma, los legisladores buscan cerrar vacíos legales y reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes ante nuevas conductas que ponen en riesgo su salud y desarrollo.

Durante la exposición de motivos, se argumentó que los dispositivos electrónicos para administrar nicotina contienen compuestos dañinos que afectan directamente el sistema respiratorio de los jóvenes.

Además, se advirtió que estos productos pueden generar dependencia desde edades tempranas, alterando procesos de desarrollo físico y cognitivo en la población adolescente.

Los legisladores señalaron que el uso de vapeadores entre estudiantes ha crecido de forma preocupante en el país durante los últimos años.

De acuerdo con datos citados en la propuesta, más del diez por ciento de los alumnos de secundaria y preparatoria ha experimentado con estos dispositivos electrónicos.

La reforma propone que el Código Penal considere delito procurar, facilitar o inducir a personas menores de 18 años a consumir tabaco, vapeadores o cigarros electrónicos.

Estas conductas se sumarían a otras ya tipificadas dentro del delito de corrupción de menores, como inducir a la ebriedad, el consumo de estupefacientes, la prostitución o la mendicidad.

Actualmente, en Tamaulipas este delito contempla sanciones que van de cinco a diez años de prisión, además de multas económicas para quienes resulten responsables.

Las penas pueden incrementarse cuando existen circunstancias agravantes que aumenten la gravedad de los hechos o la vulnerabilidad de las víctimas.

Los promoventes señalaron que el objetivo de la reforma es actualizar el marco jurídico estatal frente a las nuevas formas de consumo de nicotina.

Con ello, dijeron, se pretende fortalecer la protección legal de la infancia y la adolescencia ante prácticas que representan un riesgo creciente para su salud.