A quien sustraiga, retenga u oculte a niñas, niños y adolescentes para impedir la convivencia familiar o bloquear derechos de custodia, podría recibir una sanción penal de hasta 7 años de prisión, propuso la diputada Ana Laura Huerta. Para ello, se plantea reformar el Código Penal del Estado y tipificar de forma expresa el ocultamiento de menores como delito autónomo. Con esta modificación, se busca cerrar vacíos legales que hoy permiten que, en medio de conflictos familiares, uno de los progenitores esconda al menor o impida su localización.

La iniciativa advierte que estas conductas no solo rompen el vínculo con uno de los padres, sino que colocan a la niñez en una situación de vulnerabilidad emocional.

El proyecto establece que cometerá este delito el padre, madre, tutor o persona con guarda, custodia o cuidado que, sin causa justificada, oculte o sustraiga al menor.

También se configurará cuando se impida deliberadamente su localización, se proporcione información falsa sobre su paradero o se obstaculice la comunicación y convivencia con quien tenga derecho legal.

La sanción propuesta para este nuevo delito será de tres a siete años de prisión, además de una multa de doscientas a seiscientas veces la Unidad de Medida y Actualización.

La reforma precisa que solo se procederá a petición de la parte ofendida, con el propósito de atender casos concretos vinculados a conflictos de convivencia y custodia.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que incorpora el ocultamiento como una conducta distinta, al considerar que actualmente no está claramente prevista en la legislación estatal.

El planteamiento también parte de que estas prácticas pueden convertirse en una forma de violencia vicaria, al utilizar a hijas e hijos como instrumento de daño contra el otro progenitor.

La diputada promovente sostiene que este fenómeno ha crecido en procesos de separación o divorcio, donde el menor termina atrapado en disputas legales y emocionales entre adultos.

Además, se señala que estas acciones pueden prolongarse durante meses o años, causando daño psicológico, ruptura familiar y conflictos judiciales que afectan directamente el desarrollo integral del menor.

La iniciativa contempla una excepción: no habrá delito cuando la conducta busque proteger al menor de una situación real e inminente de violencia o abuso.

Sin embargo, en esos casos deberá acreditarse que la medida fue proporcional y que se dio aviso inmediato a la autoridad competente para salvaguardar la integridad del menor.

El proyecto también reforma la denominación del capítulo correspondiente en el Código Penal, para que ahora incluya expresamente la sustracción, retención y ocultamiento de menores.

Con ello, el Poder Legislativo pretende fortalecer la protección del interés superior de la niñez y evitar que vacíos normativos sigan siendo usados para romper la convivencia familiar.

La propuesta se sustenta en la Constitución, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en criterios de la Suprema Corte sobre convivencia con ambos padres.

De prosperar, Tamaulipas actualizaría su marco penal para responder con mayor firmeza a conductas que hoy vulneran la estabilidad emocional y los derechos fundamentales de niñas y niños.