Doce cuentas públicas del ejercicio fiscal 2023 tendrán una investigación judicial, una vez que la Auditoría Superior del Estado, denuncie los hechos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Francisco Noriega Orozco, Auditor Superior del Estado, confirmó además que habrá un paquete de denuncias donde la responsabilidad de funcionarios debe ser investigada por el Tribunal de Justicia Administrativa.

Confirmó que si bien hay cuentas del 2021 y 2022, el grueso de las denuncias corresponden al ejercicio del 2023 y los expedientes ya se están integrando para ser presentadas ante la FECC, para conformar las carpetas de investigación en los próximos meses.

La determinación se toma, después de conocer los 300 informes de resultados, de los cuales 180 Cuentas Públicas, fueron rechazadas en el pleno del Congreso, al encontrarse que los Ayuntamientos y los entes públicos no lograron sustanciar alrededor de 10 mil millones de pesos de 12 mil millones que se fiscalizaron.

De estas, entre 10 y 12 Cuentas Públicas en 40 de 43 Ayuntamientos y algunas Comapas, se detectaron irregularidades graves que, dejaran en manos de la Fiscalía Anticorrupción su esclarecimiento sobre el destino de los recursos que por el debido proceso, hace imposible a la ASE dar los detalles de los presuntos actos de corrupción.

Noriega Orozco, explicó que las cuentas públicas atraviesan distintas etapas de fiscalización, desde informes específicos de disciplina financiera hasta el pronunciamiento final del Congreso del Estado sobre el desempeño administrativo y financiero de los entes.

Subrayó que “los pronunciamientos negativos no responden a criterios políticos, sino a números contables y financieros, con porcentajes de observaciones tan altos que evidencian una administración deficiente y desordenada”.

El auditor hizo énfasis en separar la mala administración del quebranto al erario, al señalar que gran parte de las observaciones derivan de desorden documental, expedientes incompletos y fallas en los procedimientos.

Incluso, cerca del 80 por ciento de los más de 12 mil millones de pesos observados en ejercicios anteriores corresponden a errores en la integración de pólizas, falta de documentos legales y comprobaciones mal elaboradas.

Aclaró que, cuando existe evidencia de que una obra fue ejecutada, un servicio prestado o un bien adquirido, no puede presumirse automáticamente un desvío, aunque el procedimiento administrativo haya sido incorrecto.

Sin embargo, advirtió que cuando los procesos de adjudicación están viciados o se construyen “de adelante para atrás”, las faltas se clasifican como “responsabilidades administrativas”, algunas de ellas de carácter grave.

Noriega, explicó que las sanciones se canalizan por dos vías: los Órganos Internos de Control para faltas no graves y el Tribunal de Justicia Administrativa para aquellas consideradas graves, según lo establece la ley.

Destacó que en municipios con reelección, se repitieron irregularidades, mientras que en administraciones con cambio de gobierno ya se observan sanciones reales, incluyendo inhabilitaciones a exfuncionarios municipales, lo que habla dijo, de una mayor conciencia en las nuevas administraciones.

Por ello, celebró que nuevas autoridades municipales hayan iniciado procedimientos contra administraciones anteriores, rompiendo con la práctica histórica de cerrar observaciones mediante simples amonestaciones privadas.

Aseguró que imponer orden administrativo permitiría reducir hasta en 80 por ciento las observaciones, dejando claramente identificado el 10 o 20 por ciento donde podría existir corrupción real.

Con ello, dijo, el enfoque pasaría de montos difusos -como es el caso de las cuentas en mención- por 12 mil millones de pesos a investigaciones más precisas por alrededor de 2 mil a 2 mil 400 millones, fortaleciendo la credibilidad institucional.

“El objetivo es llegar a que, exista con hechos, un cambio de percepción en la gente y observe que se está combatiendo la corrupción”.

Noriega Orozco, explicó que uno de los cambios centrales de esta administración es la reducción del tiempo entre la revisión y la sanción, evitando que las cuentas permanezcan archivadas durante años.

Recordó que antes, las cuentas recientes quedaban en espera mientras se atendían ejercicios a punto de prescribir, generando la percepción ciudadana de impunidad y castigos tardíos.

Ahora, afirmó, tras concluir los dictámenes de la cuenta 2023, la Auditoría inició de inmediato la integración de expedientes con mayor peso jurídico y financiero.

Por ello, confirmó que durante 2026 se buscará judicializar entre 10 y 12 entes del ejercicio 2023, además de avanzar en responsabilidades administrativas ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

Reconoció que la carga de trabajo es elevada, ya que también se deben atender cuentas de 2019 para evitar su prescripción, pero aseguró que se priorizan los casos de mayor impacto al erario.

Indicó que prácticamente todas las cuentas municipales de 2023 se encuentran en semáforo rojo, con apenas dos o tres dictámenes positivos, reflejo de vicios administrativos arraigados.

Adelantó que la cuenta pública 2024 podría mostrar mejoras marginales, aunque todavía insuficientes para un cambio sustancial, pese a la capacitación brindada a nuevos alcaldes.

Finalmente, sostuvo que para 2025 se espera un avance más claro, con menos observaciones y mejores prácticas, en un escenario donde las cuentas públicas están hoy bajo escrutinio público y transparente.