El Congreso de Tamaulipas exigió información sobre la gestión del agua en el Distrito de Riego 025, tras el trasvase hacia Estados Unidos. La iniciativa fue presentada por la diputada Francisca Castro Armenta, quien planteó la necesidad de conocer las acciones implementadas por la Secretaría de Recursos Hidráulicos ante este escenario. El objetivo central, dijo en tribuna, es garantizar que las decisiones relacionadas con el manejo del recurso hídrico no afecten la actividad agrícola ni dejen en vulnerabilidad a productores del norte del estado.

El documento advierte que el agua es un elemento estratégico para el desarrollo económico y social de Tamaulipas, particularmente en regiones donde la agricultura depende directamente del riego.

En ese sentido, se subraya que los distritos de riego representan una infraestructura clave que sostiene la producción de granos básicos y el sustento de miles de familias.

El Distrito de Riego 025, ubicado en el Bajo Río Bravo, es considerado uno de los más importantes del estado, por su capacidad para irrigar amplias superficies agrícolas.

Sin embargo, el trasvase temporal de agua hacia Estados Unidos, derivado del Tratado de 1944, ha generado incertidumbre entre productores por la reducción en la disponibilidad del recurso.

De acuerdo con el planteamiento, esta situación podría traducirse en pérdidas significativas de producción, particularmente en cultivos como maíz y sorgo, impactando la economía regional.

La legisladora advirtió que las autoridades deben garantizar la seguridad hídrica mediante estrategias claras, equitativas y sustentables que protejan a los agricultores tamaulipecos.

Además, señaló que la transparencia en la gestión del agua es fundamental para generar confianza ciudadana y evaluar el impacto real de decisiones vinculadas a compromisos internacionales.

El punto de acuerdo busca que la Secretaría de Recursos Hidráulicos informe sobre las medidas adoptadas para mitigar los efectos del trasvase en el distrito 025.

También pretende conocer las acciones específicas para asegurar la continuidad de las actividades productivas y evitar afectaciones sociales en la región agrícola.