El Supremo Tribunal de Justicia, propuso una reforma para presentar el informe anual de labores en la segunda quincena de septiembre y modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, para modernizar su estructura operativa, fortalecer la independencia judicial y responder a exigencias sociales de transparencia. Uno de los cambios centrales es la modificación al artículo 114 constitucional para ajustar la fecha del informe anual de labores del Supremo Tribunal de Justicia, que ahora se rendirá en septiembre.

El ajuste, señala la iniciativa que este lunes entró al pleno del Congreso, permitirá integrar información completa del ciclo jurisdiccional y administrativo previo, ofreciendo al Congreso y a la ciudadanía datos más sólidos para evaluar el desempeño del sistema judicial.

La reforma elimina el carácter de “sesión extraordinaria” en la entrega del informe judicial, manteniendo su naturaleza pública y solemne, al considerar que se trata de un acto programado y no eventual.

Otro eje clave es la autorización constitucional para que el pleno del Supremo Tribunal celebre sesiones virtuales, garantizando continuidad institucional ante emergencias o situaciones extraordinarias que impidan reuniones presenciales.

La iniciativa también fortalece el órgano de administración judicial, al concentrar facultades sobre distribución territorial de juzgados, designación de jueces y ajustes estructurales conforme a las cargas reales de trabajo.

Se incorpora la figura de oficiales judiciales dentro de los órganos jurisdiccionales y administrativos, definiendo funciones, requisitos y obligaciones para profesionalizar el apoyo operativo en la impartición de justicia.

Asimismo, se introduce el voto de calidad en salas colegiadas, mecanismo que permitirá destrabar decisiones en asuntos donde exista empate, fortaleciendo la certeza jurídica y la resolución oportuna de conflictos.

En materia administrativa, la reforma elimina áreas sin utilidad comprobada y transfiere funciones disciplinarias al Tribunal de Disciplina Judicial, buscando mayor eficiencia y control interno, como el Instituto de Investigación Procesal.

La propuesta también refuerza la Contraloría del Poder Judicial como autoridad garante en transparencia, con facultades para resolver recursos de acceso a la información y vigilar responsabilidades administrativas.

Finalmente, con esta reforma se busca consolidar la carrera Judicial como órgano clave para la profesionalización, evaluación y certificación del personal, alineando el sistema de justicia con estándares nacionales e internacionales y un enfoque transversal de derechos humanos, con especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas privadas de la libertad.

De acuerdo a la Reforma Constitucional y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que firma La Magistrada Presidenta Tania Contreras López así como todas las Magistradas y Magistrados del Tribunal, pára consolidar una institución más cercana, confiable y acorde a la voluntad ciudadana expresada en el reciente proceso de transformación judicial en Tamaulipas.