Los diputados aprobaron en comisiones, poner nuevos candados a los Ayuntamientos para prohibir que celebren convenios u operativos con empresas de arrastre vehicular que no cuenten con concesión o permiso vigente expedido por la Secretaría competente.

La iniciativa presentada por la diputada de Morena, Eva Reyes González, reforma la Ley de Transporte y la Ley de Tránsito de Tamaulipas y tendrá que ser aprobada en el pleno del Congreso del Estado.

De esta manera, cualquier remolque realizado por unidades no autorizadas carecerá de validez legal y el cobro efectuado será considerado indebido, cerrando la puerta a prácticas discrecionales y abusos contra usuarios.

La legisladora argumentó que el servicio de grúas es un componente esencial de la seguridad vial, al retirar vehículos accidentados, abandonados o infractores y evitar riesgos adicionales en las vías.

Sin embargo, expuso que en la práctica existen convenios municipales con empresas sin concesión estatal, lo que ha generado tarifas excesivas, remolques arbitrarios e indefensión entre la ciudadanía.

La reforma adiciona el artículo 98 Bis a la Ley de Transporte para obligar a la autoridad a publicar en línea, de manera gratuita y oficial, las tarifas autorizadas a cada concesionario.

Asimismo, los prestadores deberán exhibir los costos en oficinas, depósitos y vehículos, además de emitir comprobante fiscal digital por internet conforme al marco fiscal vigente.

En caso de que el usuario no proporcione RFC, la empresa estará obligada a generar un CFDI genérico con RFC público general, detallando servicio, unidad, folio, fecha, hora y fundamento legal.

El incumplimiento de estas disposiciones podrá derivar en sanciones administrativas, suspensión temporal del servicio o incluso la revocación definitiva de la concesión otorgada por el Estado.

Otro eje central de la iniciativa modifica la definición de “zona privada de acceso público” en la Ley de Tránsito, estableciendo que solo podrá considerarse vía pública si existe convenio o autorización expresa del propietario.

Esta precisión busca evitar remolques arbitrarios en estacionamientos de centros comerciales, hospitales o fraccionamientos privados, protegiendo el derecho de propiedad y la inviolabilidad de posesiones.

El decreto establece como transitorio que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría General de Gobierno, deberá emitir en un plazo máximo de 60 días naturales los lineamientos administrativos para su implementación.

Con esta reforma, Eva Reyes sostuvo que se fortalece el principio de legalidad, se protege el patrimonio ciudadano y se combate la discrecionalidad en un servicio que impacta directamente la economía familiar