La Comisión de los Derechos Humanos -CODHET- dio pasos a sus facultades para llevar a juicio al gerente de la Comapa Victoria por desacatar una recomendación que ordenaba garantizar suministro de agua a ciudadano con discapacidad.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos por Rodrigo Monreal Briseño, quien acusa violación sistemática a su derecho humano al agua.

Según el escrito, contrató servicio de agua en 2012, pero sufrió suministro irregular durante años, con periodos de cuatro a seis horas cada cuatro días.

Incluso enfrentó lapsos de hasta diez días sin agua, situación que lo obligó a invertir en tinacos, bombas y sistemas de almacenamiento doméstico adicionales graves.

El afectado aseguró que los gastos extraordinarios generaron afectaciones económicas y de salud, agravadas por su condición de discapacidad permanente reconocida oficialmente por autoridades competentes.

Tras agotar instancias administrativas, en mayo de 2024 acudió a Profeco, donde fracasó la conciliación por negativa de Comapa a reconocer deficiencias en servicio básico.

El 22 de noviembre de 2024 presentó queja ante la CODHET, originando la Recomendación 02/2025 dirigida a Comapa y Ayuntamiento de Victoria por violaciones acreditadas.

La recomendación ordenó garantizar suministro mínimo vital, ajustar recibos por deficiencias, aplicar descuentos legales y adoptar acciones con perspectiva de discapacidad beneficio directo del quejoso.

También instruyó crear protocolos de pipas, capacitar personal en derechos humanos y prohibir suspensiones del servicio en domicilio y colonia del afectado conforme marco legal.

El denunciante afirma que Comapa incumplió la recomendación, limitándose a modificar recibos, sin garantizar suministro regular ni corregir cobros indebidos ni atender medidas cautelares emitidas.

Ante el desacato, la CODHET dictó medida cautelar para impedir cortes y ordenar abastecimiento constante, misma que tampoco fue cumplida según consta en denuncia penal.

El afectado fue inscrito en octubre de 2025 como víctima directa, sin recibir reparación integral, por lo que exige investigación penal con perspectiva de discapacidad.