La reforma electoral del estado, cuyo dictamen aprobó por unanimidad las comisiones revisoras y hoy se someterá a la consideración del pleno del Congreso Local, en términos generales, es la adaptación de la reforma federal, que ordena expresamente la armonización en los estados.

Ya sabe: la reducción de los privilegios en los órganos electorales, el adelgazamiento de los cabildos, el acotamiento al gasto legislativo, la paridad ampliada, el fin de los cacicazgos familiares y la eternización en el poder inhibiendo la movilidad política.

La única diferencia, para la salud anticipada del sistema político doméstico, es que los temas del nepotismo, proscribiendo la herencia de los cargos cuando se hace postular a parientes de cualquier tipo -de sangre o “legales”-, no se va a esperar al 2030, como quedó en la reforma federal, sino que aquí aplicará desde ya, en la elección del año próximo.

La propuesta de la Presidenta CLAUDIA SHEINBAUM que en el Congreso de la Unión chocó con intereses de propios y extraños, en Tamaulipas, en la propuesta del Gobernador AMÉRICO VIILLARREAL, su liderazgo y la inspiración presidencial, encontrando eco en la Cámara Local, va directo a su aprobación.

Ciertamente, a la reunión de las Comisiones conjuntas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, que ayer dictaminaron la miscelánea electoral, no acudieron los diputados panistas, aunque quienes sí llegaron, haciendo quórum, por unanimidad avalaron la propuesta del Gobernador.

No hay una razón efectiva para que alguien se oponga al cuidado del presupuesto y a la eliminación de vicios históricos en los procesos para acceder al poder público; como quiera, no será extraño el voto opositor en contra, en su condición, cuando hoy se someta al pleno la propuesta.

Esa ausencia de argumentos, eventualmente de calidad moral, es la que ha reducido a los partidos dominantes del siglo pasado hasta el punto actual, en el que sus votos no hacen diferencia en la aprobación de leyes y acuerdos legislativos en Tamaulipas.

Por eso, en la actitud que vaya esa reducida minoría, no estrecha las expectativas de la aprobación de la reforma para este día.

El impacto más visible, decíamos, además de que nadie en el poder actual podrá ver la postulación de un pariente a su mismo cargo, se haría notable en 12 municipios; 9 a los que se reducirá el número de regidores y síndicos y otros tres al que impacta en las sindicaturas.

A saber, en la nueva regla que define en 15 el número máximo de regidores y solo un síndico, para los municipios que tiene más de 100 mil habitantes, van los cinco que teniendo más de 200 mil -Tampico, Victoria, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo- tiene hasta hoy 21 regidores y los de más de 100 mil -Altamira, Río Bravo, Madero y El Mante- que tenían 18, ambos con dos síndicos.

Aparte Valle Hermoso, San Fernando y González, con población en el rango de los 30 mil a los 100 mil habitantes, aunque conservan entre 8 y 12 regidores, reducen a la mitad sus dos síndicos, o sea se quedan con uno.

Con tales medidas no solo se adelgaza la nómina; las responsabilidades aumentan en la función fiscalizadora de las sindicaturas, cerrándole el paso a la simulación y coacción que ediles deshonestos hacían desplazando a quienes no se sometían a sus práctica ilegales.

Total que es una reforma de ganar-ganar y quienes vayan en contra solo se van a seguir evidenciando ante el respetable, exacerbando el rechazo de que ya son destinatarios.

De esas buenas nuevas en el Congreso Local, ya se aclaró que las revisiones ajustadas temporalmente al programa de auditorías de la ASE, se refieren al desempeño de los entes públicos, no al manejo del presupuesto, que sigue teniendo cobertura total.

Repasado, el pasado Auditor Superior no una, ni nueve; ninguna de las 159 entidades fiscalizables fue sometida a auditorías de desempeño en los últimos años del pasado sexenio, motivando la reapertura de los paquetes, lo que derivó en hallazgos punibles.

Los procesos siguen su curso.

Las diferencias no admiten suspicacias.