Aunque luego hay a quienes la base del mole les resulta poca y otros quienes quieren ser chile de todos los moles, cóncavos y convexos, lo cierto es que la reforma electoral estatal en marcha, significa un avance sin precedentes.

La respuestas a demandas históricas en materia electoral, iniciadas por la Presidenta CLAUDIA SHEINBAUM, continuadas, fortalecidas, ampliadas en las iniciativas que esta semana envió el Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA al Congreso Local, están por concretarse.

Las tradicionales reformas que llegan envueltas en la estridencia de la disputa política, para el caso han tenido algún asomo aislado en los cada vez más intrascendentes, por falta de fundamentos, autores de la crítica interesada.

Las otras reformas, las que aparecen por una razón más simple, como es el deber legal, es entre las que encaja la mayor parte de esta propuesta. 

La reforma electoral que ahora se debate en el Congreso local, parece inscribirse en ese segmento: no nació de una coyuntura de crisis, ni de una confrontación partidista inmediata, ni de una urgencia electoral, como algunos quisieran.

Llegó, en principio, porque la Constitución federal cambió y los estados están obligados a armonizar sus marcos jurídicos en el sentido de tales adecuaciones, en tiempo y forma.

Tiempo, que precisa su vigencia un año antes de la siguiente elección para poder ser aplicable en ella y forma, que va de la armonización al marco federal y se complementa en aspiraciones, intenciones, decisiones de incidencia doméstica. 

Lo que aparece en las eventuales críticas, pertenece más al terreno de la interpretación política que al de los hechos.

Y los hechos, indican que el documento presentado incorpora la prohibición de la reelección consecutiva, endurece restricciones al nepotismo electoral, fija criterios de austeridad en órganos electorales y añade principios de igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración institucional, en lo que hace a la revisión del documento constitucional.

Las leyes reglamentarias, abundan en detalles ajustando no solo a los cabildos “grandes” que sobrepasan los 15 ediles; con la sindicatura única, fortalece sus facultades en pagos, contratos y supervisión financiera; formaliza el Cabildo Infantil y Juvenil, institucionalizándolo.

En síntesis, la adecuación legislativa electoral ataca los cacicazgos, prohibiendo el nepotismo; renueva la política rechazando la reelección y aplica la austeridad institucional cerrando el paso a la corrupción y el despilfarro, para reorientar fondos fiscales a mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida.

Su razón tendrán, quienes han dejado correr expresiones a favor y en contra de la propuesta; podrán discutirse alcances y efectos en lo foros respectivos; para eso existen los parlamentos.

Porque si algo debe reconocerse en el escenario actual es que la mayoría legislativa de MORENA, ha mostrado disposición para abrir el análisis de los temas de interés público, en el que no podría quedar fuera el electoral, como lo vimos ayer tarde en el foro con los especialistas del IETAM.

La discusión legislativa no podía convertirse únicamente en una ceremonia de aprobación automática, pero tampoco en una competencia para ver quién lanza primero la acusación más aparatosa.

La tradición nos habla de una vieja costumbre: cuando una propuesta toca intereses o modifica inercias, antes de revisar el contenido aparecen las etiquetas.

Que si control político, que si centralización, que si concentración de poder, que si cálculo electoral.

Las críticas son parte natural de cualquier democracia; lo cuestionable aparece cuando se sustituyen los argumentos por sospechas, o cuando se pretende construir una narrativa antes de leer siquiera la iniciativa.

Porque decir que una reforma contra el nepotismo fortalece privilegios parece una contradicción difícil de sostener, así como para afirmar que eliminar la reelección inmediata concentra poder obliga a explicar dónde estaría esa concentración. 

Señalar riesgos para la pluralidad cuando el eje central habla de renovación política, también exige algo más que consignas.

La discusión apenas comienza y seguramente vendrán reservas, posicionamientos y discursos encendidos, en el desenlace natural de una reforma de esta naturaleza.

Siempre habrá una marcada diferencia entre el debate y el ruido; el primero aporta razones; el segundo fabrica temores.

Al final, como casi siempre sucede en estos menesteres, los documentos terminan hablando más fuerte que los rumores.

Los hechos son tercos. 

Y suelen llegar con sello oficial.