Las senadoras del PAN y Morena por Tamaulipas dividieron sus posturas al aprobar la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, señalando los riesgos pero también las ventajas en un escenario de alta polarización política.

“Esta propuesta abre la puerta a la discrecionalidad, la opacidad y el tráfico de influencias”, afirmó la legisladora del PAN Imelda Sanmiguel.

En contra parte la senadora de Morena Olga Patricia Sosa Ruíz atajó que con esta ley “estamos construyendo un entorno más confiable para la inversión, pero también más justo, donde el desarrollo llegue a todas las regiones del país entre ellos Tamaulipas y se traduzca en oportunidades para la gente”,

La parte más álgida, fue cuando la senadora Imelda Sanmiguel subió a tribuna para advertir que la propuesta carece de controles suficientes y podría abrir espacios a discrecionalidad en el uso de recursos públicos.

Señaló que, aunque el PAN respalda la inversión en infraestructura y la participación público-privada, el diseño de la ley plantea mecanismos que podrían favorecer intereses particulares sin reglas claras de transparencia.

Advirtió además que la normativa permitiría impulsar proyectos sin respaldo presupuestal sólido, lo que implicaría riesgos de endeudamiento y comprometería la estabilidad de las finanzas públicas.

La legisladora sostuvo que el desarrollo económico debe sustentarse en esquemas responsables, con supervisión efectiva, para evitar simulaciones o posibles actos de corrupción en la ejecución de obras y al final decidió votar en contra.

En contraste, la senadora Olga Sosa Ruíz respaldó la aprobación del dictamen, al considerar que fortalecerá la inversión en sectores estratégicos y generará condiciones de crecimiento económico con bienestar.

Explicó que la ley permitirá detonar proyectos en áreas clave como energía, transporte, salud, educación y agua, mediante esquemas de colaboración entre los sectores público, privado y social.

Sosa Ruiz, subrayó que la reforma brinda mayor certeza jurídica a inversionistas y contribuyentes, al simplificar procesos y generar un entorno más confiable para el desarrollo económico del país.

Añadió que estas medidas forman parte de una estrategia para consolidar un modelo de crecimiento con justicia social, alineado con la política impulsada por el gobierno federal.

La legisladora afirmó que la nueva legislación permitirá fortalecer las capacidades del Estado sin poner en riesgo la estabilidad fiscal, promoviendo inversiones que impacten positivamente en distintas regiones del país.

“Estas reformas son instrumentos clave para consolidar un modelo de desarrollo con bienestar, que genere confianza, fomente la inversión productiva y garantice reglas claras para todas y todos. Se trata de avanzar hacia un crecimiento económico con justicia social y con beneficios reales para la población”, remató la morenista.