En un año y medio la Auditoría Superior del Estado aplicó 97 Procedimientos de Imposición de Multas (PIM) a Alcaldes en funciones y Tesoreros, quienes pagaron de sus bolsillos más de 3 millones de pesos, por la no presentación de los informes financieros que por ley están obligados.

Cabe señalar que en la administración de Auditoría del sexenio anterior, se aplicaron 18 procedimientos de imposición de multa por falta de entrega de información durante siete años en los que estuvo a cargo Jorge Espino Ascanio.

Las multas que también alcanzan a los ex Presidentes Municipales, ex Tesoreros y ex síndicos así como gerentes de Comapas y de acuerdo las acciones de la ASE hay multas de 12 mil, 30 mil pesos y 90 mil pesos sin pasar por alto que los sancionados también son alcaldes en funciones y gerentes de organismos de agua potable.

La Auditoría tiene en la lista de Procedimientos sancionadores a ex funcionarios públicos en los que también se encuentran ex Presidentes Municipales.

Los Procedimientos de Imposición de Multas se activan principalmente por no entregar informes mensuales o trimestrales, o por presentarlos incompletos reiteradamente.

De acuerdo a la Ley de Auditoría, las multas oscilan entre 12 mil pesos en faltas iniciales y hasta 200 mil pesos cuando el incumplimiento tienen reincidencia, con casos de alcaldes sancionados en múltiples ocasiones.

El Auditor Superior del Estado, Francisco Noriega, precisó que el incumplimiento no siempre implica corrupción, sino desorden administrativo, donde pólizas, comprobantes y documentos no se integran correctamente al momento del pago.

Esta omisión genera el vicio de acumular información hasta la entrega anual de la cuenta pública, saturando a la Auditoría de una forma ‘deliberada’ para reducir el tiempo efectivo de planeación fiscalizadora, sin embargo, la revisión y trabajo extra de los auditores, le esta cerrando la brecha a las irregularidades administrativas paso a paso.

La concentración tardía de expedientes obliga a acortar los procesos de revisión y extiende la rendición de cuentas hasta dos años, alimentando la percepción ciudadana de impunidad, “y es lo que menos queremos, por el contrario”.

Noriega Orozco, señaló que la ley exige entregar informes individuales en junio, octubre y febrero, plazos que se ven comprometidos cuando la información no llega en tiempo.

Con la nueva política sancionadora, la ASE busca acelerar la fiscalización, ordenar la contabilidad pública y evitar que las irregularidades queden diluidas por el paso del tiempo.

El contraste es contundente: durante siete años del sexenio anterior solo se aplicaron 18 multas por incumplimiento informativo, un promedio mínimo frente al rezago real existente entre 2024 y 2025.

Hoy, dijo, la Auditoría enfrenta ese rezago con sanciones firmes, mejores revisiones y tiempos más cortos, fortaleciendo la transparencia y la credibilidad institucional.

Las multas ya están siendo cobradas; algunas fueron pagadas voluntariamente, mientras otras enfrentan recursos legales, confirmando que la rendición de cuentas dejó de ser opcional.