Por unanimidad, el Congreso de Tamaulipas aprobó la minuta que reforma el artículo 127 constitucional para eliminar las llamadas pensiones doradas y poner un tope a los ingresos de retiro de exfuncionarios. La modificación busca impedir que exservidores públicos de confianza en empresas del Estado y banca de desarrollo perciban pensiones superiores a los 70 mil pesos mensuales. La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI=, única voz de oposición en tribuna, respaldó la reforma al considerar que responde a una exigencia social impostergable.

Durante su posicionamiento, reconoció que votar a favor no es una decisión cómoda, pero sí necesaria en un país donde millones de personas carecen de una pensión digna.

La legisladora priista sostuvo que los montos elevados en algunas jubilaciones generan indignación social y obligan al Estado a intervenir para corregir excesos que han profundizado la desigualdad.

No obstante, advirtió que el debate no debe descalificar trayectorias laborales ni poner en duda el trabajo de quienes durante décadas sostuvieron sectores estratégicos bajo condiciones de alta responsabilidad.

Subrayó que no todo ingreso elevado constituye un privilegio indebido, ya que en muchos casos es resultado de años de preparación, esfuerzo y servicio.

Sin embargo, enfatizó que el combate a los excesos no puede abrir la puerta a decisiones arbitrarias que vulneren derechos adquiridos, pues ello implicaría un retroceso en materia de justicia.

Guillén Vicente alertó que permitir la retroactividad de la ley sentaría un precedente peligroso que podría afectar cualquier derecho laboral o garantía jurídica en el futuro.

Recordó que el artículo 14 constitucional prohíbe aplicar la ley de forma retroactiva en perjuicio de las personas, principio que otorga certeza y estabilidad jurídica.

En ese sentido, explicó que su bancada votó a favor en lo general, pero planteó una reserva para que la reforma se aplique únicamente hacia adelante.

La diputada sostuvo que el objetivo es regular nuevas pensiones y corregir excesos sin afectar a quienes actuaron conforme al marco legal vigente.

Advirtió que no se puede combatir una injusticia generando otra ni utilizar una causa legítima para justificar decisiones discrecionales del Estado.

La legisladora afirmó que su postura busca equilibrio entre justicia social y legalidad, privilegiando el respeto al Estado de derecho y la certeza jurídica para los trabajadores.

El decreto establece que todas las pensiones deberán ajustarse al nuevo límite, salvo las excepciones previstas en la Constitución, además de obligar a los entes públicos a adecuar sus esquemas.

Asimismo, se ordena revisar contratos, disposiciones laborales y demás instrumentos jurídicos relacionados con jubilaciones para alinearlos al nuevo marco constitucional.

La reforma impulsada por el gobierno federal fija como tope el 50 por ciento del salario de la titular del Ejecutivo, equivalente a poco más de 134 mil pesos netos mensuales.

Con ello, las pensiones de exfuncionarios quedarían por debajo de los 70 mil pesos, eliminando los esquemas que permitían ingresos elevados en el retiro.

Aunque algunos casos actuales alcanzan hasta un millón de pesos mensuales, estos no serán modificados retroactivamente, pero ya no podrán replicarse en nuevas asignaciones.