Desde el Congreso del Estado se hizo un llamado a las direcciones de Tránsito y Vialidad de los 43 municipios para emprender una campaña masiva que obligue a conductores a portar seguro vehicular.

La iniciativa de Punto de Acuerdo fue presentada por el diputado Marcelo Abundiz Ramírez (MORENA) , quien pidió reforzar la difusión y verificación del cumplimiento del artículo 14 Bis de la Ley de Tránsito estatal.

Dicho artículo establece que todo vehículo automotor que circule en Tamaulipas debe contar con póliza vigente para responder por daños a terceros en su persona o bienes, y que ésta debe portarse en la unidad.

El exhorto busca que las autoridades municipales utilicen herramientas de comunicación social para generar conciencia ciudadana, ante el aumento sostenido de accidentes viales con consecuencias materiales, lesiones graves y pérdidas humanas.

Las estadísticas reflejan un escenario preocupante: en Tamaulipas circulan más de 1.1 millones de vehículos, tras un crecimiento de 5.9% entre 2020 y 2024, al pasar de 943 mil a 1 millón 122 mil unidades.

En la zona conurbada del sur se reportan mil 500 accidentes al año, 60% vinculados al transporte público, mientras que en 2025 ya se contabilizan más de 600 percances y 14 atropellamientos fatales.

Pese a la obligatoriedad legal, apenas el 30% de los vehículos en el sur del estado cuenta con seguro, según datos de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas en Tampico.

El legislador advirtió que en numerosos accidentes los responsables no tienen póliza vigente, lo que deja a víctimas sin respaldo económico y obliga a cubrir gastos médicos o daños materiales con recursos propios.

El planteamiento incluye campañas de concientización en medios tradicionales y digitales, programas de educación vial, colaboración con aseguradoras y verificación del seguro al tramitar o renovar licencias.

También se propone exigir la póliza en inspecciones vehiculares y puntos de control, como una medida preventiva que fortalezca la responsabilidad civil y reduzca el impacto financiero de los accidentes.

La propuesta se alinea con la Agenda 2030, particularmente con la meta 3.6 del Objetivo 3, que busca reducir en 50% las muertes y lesiones por accidentes de tránsito antes de 2030.

El Punto de Acuerdo establece que, una vez aprobado, los municipios deberán informar al Congreso sobre las acciones implementadas y los resultados obtenidos en la promoción del seguro obligatorio.